Orientadores de Barcelona Activa, Castilla y León y Castilla La Mancha, en defensa de sus puestos

Los recortes en las políticas activas de empleo pueden afectar al futuro de muchos orientadores laborales que dependen de las administraciones autonómicas y locales. Por un lado, está pendiente el porvenir de los 1.500 profesionales contratados en la anterior legislatura con cargo a los presupuestos generales del Estado cuyo contrato finaliza el 30 de junio. Además, otras entidades, como Barcelona Activa ya han anunciado la disminución de plantilla. En el caso de Barcelona Activa, se ha anunciado una reestructuración de la actividad de esta entidad, dependiente del ayuntamiento de la capital catalana. Aunque sus responsables no lo citaron expresamente en la rueda de prensa, esas modificaciones van a suponer el despido de 55 profesionales de la orientación que actualmente atienden a 35.000 personas en situación de desempleo. Por ese motivo, mañana han convocado una concentración en su sede, coincidiendo con la reunión del Consejo de Administración en la que se van a estudiar esos recortes de las políticas activas de empleo que se esconden detrás de la anunciada reestructuración. Castilla La Mancha No son los únicos profesionales que luchan en estos momentos por conservar sus puestos de trabajo. Los orientadores de los servicios públicos de Empleo de Castilla-La Mancha han pedido a la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, una reunión a fin de buscar una solución a los despidos que el Gobierno regional va a llevar a cabo en este servicio. Así lo ha acordado la Asamblea Autonómica de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo de Castilla-La Mancha que se reunió la semana pasada en la localidad de Alcázar de San Juan. En este marco, al que han asistido orientadores de todas las provincias y representantes sindicales, se ha debatido sobre la situación en que quedarán los Servicios Públicos de Empleo en el momento en el que, "si no se evita, desaparezca la Orientación de las Oficinas de Empleo. La mitad de los orientadores serán despedidos en junio y la otra mitad en diciembre de 2012", han alertado. "En estos momentos de crisis, que parece va a ser prolongada, la sociedad civil tiene derecho a unos servicios públicos de calidad, entre los que está el acompañamiento en su proceso de recualificación profesional, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más ha sufrido las consecuencias de la denominada 'burbuja inmobiliaria', con un alto índice de abandono escolar, de personas sin cualificación y una de las mayores tasas de desempleo del país", ha señalado este colectivo. Castilla y León Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras ha cifrado en un total de 304 los despidos previstos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) a lo largo de este año correspondientes a los programas estatales de promotores de empleo (116), orientadores laborales (116) y trabajadores de proceso de modernización (72) y ha pedido a la Junta que habilite una partida presupuestaria de unos 3 o 4 millones de euros para evitar las bajas de estos trabajadores contratados "por obra y servicio". Así lo ha asegurado el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. en Castilla y León, Luis Fernández Gamazo, que ha advertido de una estrategia de "desmontaje" del servicio público de empleo en beneficio de las agencias privadas de contratación y de las empresas de trabajo temporal. En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario regional de Empleo y Formación, Saturnino Fernández, para quien la pérdida de entre el 20 y el 25 por ciento de la plantilla total del Ecyl (unos 1.100 empleados en total) supondrá un "atropello" a los recursos humanos y la pérdida de un servicio público "muy importante" en un momento, además, de repunte de la población parada que continuará en 2013, cuando ha pronosticado cerca de 6 millones de desempleados en España y más de 250.000 en Castilla y León, a lo que ha sumado el previsible cierre de alguna oficina de empleo local, como podría ser el caso de las de Peñafiel o Villalón, en Valladolid. Fuente: Portalparados