Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
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El presente Real Decreto-ley prorroga, con efectos desde el pasado 16 de agosto, el Programa PREPARA contemplándolo como un mecanismo de protección adicional justificado por la situación del mercado de trabajo español y apoyado en un tratamiento individualizado y personalizado para la inserción laboral de los destinatarios del programa. El programa eleva la ayuda de 400 euros a 450 euros para parados con cargas familiares.
El anterior programa de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, introdujo de forma coyuntural un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo.
El anterior programa de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, introdujo de forma coyuntural un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo.
La evaluación del Programa anterior revela que:
· Dos terceras partes de los beneficiarios que han concluido el Programa (307.029) no consiguieron ninguna colocación en el mercado laboral. Sólo el 18 por 100 obtuvo una colocación mayor a dos meses. En total, la media de ocupación durante los 180 días de duración de la prestación fue de 25,12 días por beneficiario. Menos del 1 por 100 de los beneficiarios obtuvo un contrato indefinido.
- Se realizaron una media de 3,22 acciones por beneficiario. Sólo el 7,23 por 100 de los beneficiarios atendió a actividades formativas, a pesar del escaso nivel educativo del colectivo. Sólo un 1,93 por 100 de los beneficiarios disfrutó de acciones de impulso del emprendimiento.
El Gobierno ha considerado conveniente prorrogar dicho programa, teniendo en cuenta el escenario de recesión económica, la evolución del desempleo de larga duración y el número de hogares con todos sus miembros desempleados.
El programa se redefine y centra su función protectora en el colectivo de los desempleados, que no teniendo derecho a otras prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares o sean parados de larga duración:
- Se incrementa la ayuda, del 75 por 100 al 85 por 100 del IPREM, para aquellos beneficiarios que acrediten tres o más personas a su cargo.
- Se centra el colectivo de beneficiarios en los parados de larga duración (más de doce de los últimos dieciocho meses en desempleo) o parados con cargas familiares, manteniéndose el resto de requisitos de acceso contemplados en programas anteriores.
- Para la determinación de la condición de beneficiario, se mantiene la vinculación del requisito de reducidas rentas del solicitante a las de la unidad familiar, incluyendo ahora las rentas de los padres en caso de convivencia.
En cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, se corrigen los solapamientos que se daban entre el Programa y algunas rentas asistenciales.
• Se exige que el solicitante acredite haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad durante el mes que transcurre desde la pérdida de otras prestaciones hasta la solicitud, con el objetivo de reforzar el seguimiento del compromiso de actividad. Esta obligación se mantiene durante todo el programa y determinará la permanencia del beneficiario en el mismo.
En el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se propondrá que el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución del programa se introduzca como una de las variables de reparto de los fondos destinados a políticas activas para las Comunidades Autónomas.
Las modificaciones introducidas en el programa respecto al diseño inicial pretenden incrementar las oportunidades de empleo del colectivo de beneficiarios, así como centrar los esfuerzos de los servicios e empleo en aquellos desempleados que se enfrentan a condiciones más desfavorables.
La reforma del programa trata de hacerlo más eficiente incrementando su vinculación a las políticas activas de empleo y garantizando una asignación óptima de recursos al reforzar su seguimiento y su evaluación.
Fuente: SEPE
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