El objetivo es mejorar las posibilidades de empleo de quienes puedan acreditar una formación al margen de los títulos académicos. Para ello, los 27 países miembros deberán contar en 2018 con un sistema común de certificación de esos conocimientos, según acordaron ayer los ministros de Educación en Bruselas. El aval obtenido en un Estado se extenderá al resto.
La decisión de los ministros retrasa el objetivo inicialmente propuesto por la Comisión Europea, que urgía a tener listo ese marco en 2015. “En la crisis actual es muy importante permitir que las personas que tengan otras capacidades puedan demostrarlas y encontrar así un trabajo”, argumentó la comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, al término del Consejo. Los Estados deberán ahora crear procesos para reconocer tanto la llamada educación no formal (por ejemplo, la que imparte una empresa a sus trabajadores, los cursos que organizan los sindicatos o cualquier otra organización civil, siempre que exista presencia de un profesor) como la informal (lenguas aprendidas, acciones de voluntariado y otras experiencias que no requieren la participación de un profesor).
Los datos evidencian la necesidad de homogeneizar e impulsar estos procesos. Apenas un 9% de la población europea entre 25 y 64 años participa en alguno de esos dos tipos de aprendizaje, según una encuesta realizada por la Comisión Europea el año pasado. España está algo por encima de la media (10,8%), con mayor presencia entre las mujeres (11,6%) que entre los hombres (10%), al igual que ocurre en la mayoría de países. Por lo general, suelen ser los adultos con mayor nivel académico quienes más participan en esa formación no reglada. También los parados, para mejorar sus posibilidades de reinserción. El récord en esta clasificación lo tiene Dinamarca, donde casi uno de cada tres trabajadores seguía algún tipo de formación en el mes en que se realizó la encuesta. Los peores resultados corresponden a Bulgaria (1,2%).
Hasta ahora, solo cuatro países (Francia, Holanda, Finlandia y Luxemburgo) cuentan con sistemas nacionales de homologación de aprendizaje. Cuando todos los Estados los desarrollen, trabajadores y parados podrán someter su conocimiento y experiencia a ese proceso. El Estado deberá apoyar a los ciudadanos para que identifiquen su bagaje, con especial atención a los grupos más desfavorecidos, principalmente los desempleados. La Comisión insta, además, a implicar en este proceso a las patronales, los sindicatos y cámaras de comercio, entre otros colectivos.
España, con uno de cada cuatro trabajadores en paro, tiene interés en este proceso. “Es de la máxima importancia”, aseguró el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al término del Consejo Europeo. Wert explicó que en los últimos meses se ha incluido en el marco de cualificaciones profesionales a 50.000 participantes en procesos de educación no formal.
Además de la homologación de los conocimientos no académicos, la Comisión planteó ayer una reforma de la red de empleo EURES (oferta y demanda de puestos en toda la Unión Europea) para tratar de mejorar las perspectivas laborales en Europa. Según el comisario de Empleo, László Andor, existen muchas vacantes en Europa que no se cubren porque no encaja el perfil formativo del demandante con el puesto al que aspira. Andor habló de la necesidad de “coordinar a las agencias nacionales para facilitar la movilidad de los desempleados en Europa”, cuya cifra asciende a 25 millones de personas.
Fuente: El País/Sociedad
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