jueves, 23 de febrero de 2012

El gobierno propone a los bancos que asuman voluntariamente la dación en pago


El Gobierno ha propuesto que las familias que se encuentran en el "umbral de la exclusión", que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo, puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, lo que se conoce como "dación en pago".
Además, el Ejecutivo español ha propuesto que las familias que se encuentren en la anterior situación también puedan salvarse del desahucio, mientras que se ha mostrado partidario de que se permita un periodo de carencia para que aquellas a las que se ha embargado el inmueble puedan seguir ocupándolo "un tiempo prudencial" de al menos dos años.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completa con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.
No obstante, el Gobierno propone como incentivo a las entidades la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido por la dación en pago.
Estas medidas normativas, que deberán ser analizadas con los sectores afectados, incluyen también la definición del colectivo que se incluye en el umbral de exclusión social, en el que se encuentran las familias con todos sus miembros en paro y cuya vivienda, objeto de ejecución, sea la primera y única residencia.
Pese a ello, el ministro ha anunciado que se establecerán cautelas para evitar fraudes.
El ministro ha aprovechado una interpelación urgente de la Izquierda Plural para proponer también una mejora del mercado de ejecuciones hipotecarias que sea "ágil" y "transparente", mediante el fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de las ejecuciones y las subastas on line.
Las propuestas también incluyen la atenuación de los intereses moratorios para las personas en el umbral de exclusión y que las entidades financieras cubran un determinado porcentaje de la diferencia entre el valor de tasación y el precio al que finalmente se ajusta en subasta.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, ha asegurado hoy estas medidas crean "falsas expectativas", ya que no obligan a las entidades financieras a acatarlas.
Además, las ha calificado de "inconvenientes" e "insuficientes" y ha pedido una legislación que obligue a la reestructuración de las condiciones del crédito durante el periodo de ejecución hipotecaria -en el caso de familias en desempleo-.
También ha abogado porque a las entidades que se acojan a las ayudas públicas se las imponga el citado código de buenas prácticas, ahora voluntario.
Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha agradecido hoy que el Gobierno haya atendido "la alarma social" que habían generado los desahucios y los embargos hipotecarios, pero ha asegurado que las medidas "no serán efectivas", ya que su aplicación dependerá de las entidades.
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ya se mostró ayer a favor de la dación en pago pero solo en el caso de que sea voluntaria.
Explicó que la dación en pago de forma retroactiva sería una opción "muy dañina para la organización del mercado inmobiliario" y con la que "no podría estar de acuerdo".
Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, hasta el tercer trimestre del año los desahucios se elevaban hasta los 42.879 y las ejecuciones hipotecarias hasta las 57.136.
Fuente: Portalparados

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