El Gobierno facilita el despido de 20 días si los ingresos bajan nueve meses

La reforma generaliza el contrato con 33 días de indemnización y un máximo de 24 mensualidades. El Gobierno ha cumplido con los mensajes lanzados en los últimos días y ha aprobado una reforma laboral «agresiva» que, básicamente, abarata y favorece el despido, crea mejores condiciones de flexibilidad interna para que las empresas se «descuelguen» de los convenios colectivos y elimina la autorización previa de las autoridades laborales en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Al tiempo, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros pone encima de la mesa de las pymes incentivos notables para que contraten jóvenes y parados de larga duración, los colectivos a los que el cambio legal quiere dar algo de oxígeno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no dudaron en calificar la reforma de histórica. «Habrá un antes y un después», afirmaron, para a continuación reconocer que la reforma por sí sola no creará empleo. La ministra Báñez dice que puede haber cambios en el trámite parlamentario. Reforma de impacto Despido de 33 días en vez de los 45 actuales Una de las grandes novedades es la generalización para el contrato indefinido del despido a 33 días y un máximo de 24 meses, que sustituye al modelo vigente hoy de 45 días y 42 mensualidades para las salidas improcedentes Aún así, no se pierden los derechos adquiridos y la norma no tiene efecto retroactivo. Pero el gran impacto para los miles de trabajadores que cada día temen perder su puesto llega de la mano del despido procedente (20 días y 12 mensualidades, y hasta ahora muy poco utilizado). La reforma del Gabinete de Mariano Rajoy abre la mano a la hora de determinar las causas objetivas económicas, y señala que bastará no ya que la empresa esté en pérdidas (presentes o futuras, como dice hoy la ley), sino que el nivel de ingresos o ventas descienda de forma persistente y ponga en peligro la viabilidad de la compañía. Es decir, tres trimestres consecutivos. El nuevo texto elimina la figura del «despido express», con 45 días por una extinción improcedente. Otra vía de abaratamiento Eliminación de autorización previa de un ERE Según fuentes de Empleo, el objetivo es que se tienda a que el despido justificado cueste 20 días, que ahora será más fácil, añaden. Más si cabe si se tiene en cuenta la tercera palanca de abaratamiento del despido, la eliminación de la autorización previa de los ERE, que podría empujar a los empresarios a conjugar esas causas organizativas o económicas para pagar el menor coste posible. Y es que será el propio empleador el que determine si la caída de ventas pone en peligro su negocio, siempre, eso sí, en una decisión revisable ante un juez. Queda entonces por ver si el giro logra «que el despido sea la última alternativa», lo que según Báñez es el leit motiv de la reforma y los técnicos de su Ministerio tienen meridianamente claro. Para rebajar el impacto de los ajustes la reforma obligará a las empresas de más de cien trabajadores (que no estén en quiebra) que hagan un ERE a presentar un plan de recolocación por seis meses Además, y con carácter general, deberán contribuir a sufragar todo o parte del gasto que supongan los expedientes para el erario público. Flexibilidad Los empresarios podrán descolgarse del convenio Una suerte de extensión del modelo Telefónica. El Fogasa también cambia, y ahora se hará cargo sólo de complementar las indemnizaciones por despido (8 días) en las pymes. Las ventajas a los empresarios no terminan aquí, pues se les facilita el descuelgue de los convenios bastante más allá de lo pactado por los agentes sociales en el reciente acuerdo de negociación colectiva. Cuando la empresa quiera alterar salarios, funciones u horarios deberá negociarlo con la representación de los trabajadores y, si no hay acuerdo, ir a la comisión paritaria y después a una mediación o arbitraje. Si este último punto no está contemplado en los convenios actuará una comisión nacional que resolverá en 25 días sin posibilidad de recurso. Límite a los convenios No más de dos años de vigencia tras su denuncia El Ejecutivo ha puesto coto también a la ultraactividad de los convenios, que queda fijada en dos años desde su denuncia. Si llegado ese momento no hay nuevo pacto, el antiguo decaerá y funcionará el de ámbito superior o, si no existe, la legislación básica. Con esto se acaba con las negociaciones encalladas durante años. Fuente: Diario de León